Mariana Martínez Rodríguez.
Carla Betancourt
elmundo.com.ve El régimen de prestaciones vigente favorece a los trabajadores con una menor antigüedad o menor rotación en las empresas. En esto coinciden analistas y miembros de la Comisión Presidencial.
Se reconocen las bondades del sistema vigente, pero se apela también al mandato constitucional de devolver el cálculo retroactivo de las prestaciones.
El tema de la retroactividad lo determina la misma Constitución, ratificó el diputado Francisco Torrealba en el programa El Mundo, Economía y Negocios que se transmite los domingos por el canal Globovisión.
No hay posibilidades de optar por alternativas distintas, aclaró. Es decir "hay consenso universal, por así decirlo, de que se le devolverá el carácter retroactivo a las prestaciones sociales y extraer las bondades que estén en el régimen vigente, para que al final de cuenta los trabajadores y trabajadoras no tengan nada que perder, sino que puedan salir ganando y recuperar una reivindicación histórica que nos fue robada en 1997 por la llamada Comisión Tripartita y al mismo tiempo consolidando lo que ha sido un derecho adquirido".
Torrealba señaló: "Mantendremos lo mejor de este régimen y devolveremos también lo positivo que era el ahorro, que significaba calcular con el último sueldo percibido y en forma retroactiva al momento del retiro".
Reiteró Francisco Torrealba que "devolveremos la retroactividad pero mantendremos las bondades que están en el régimen vigente que -y no tenemos porque ocultarlo- también tiene unos aspectos positivos, especialmente para los sectores donde se rota mucho, es decir, donde se permanece poco tiempo laborando".
InflaciónRichard Obuchi, economista y profesor del Iesa, coincide con Francisco Torrealba en el sentido de que las personas con menor antigüedad salen favorecidos con el actual esquema.
Dijo que los trabajadores que tienen una antigüedad superior a seis años, se ven más beneficiados con la retroactividad, dado a los niveles de inflación, porque con el cálculo al último salario reciben más dinero, independientemente de los aumentos que obtengan.
En este escenario al patrón privado e incluso a la mayoría de los trabajadores que laboran en ese sector, le conviene mantener el sistema vigente. El promedio de antigüedad es de 7 años, hay una rotación del personal más alta en comparación con la administración pública, donde el promedio de antigüedad ronda entre los 10 y 14 años. En el privado hay más rotación, pues está más sujeto a los ciclos económicos. Esta realidad es igual en otros países.
El estudio de Obuchi sale de correr los escenarios con los datos que proporciona la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), donde se reflejan los ingresos promedio que reportan los empleados públicos.
Impacto Obuchi no solo habla de la realidad contable en el bolsillo del trabajador, sino del impacto que tendrá esta decisión en las arcas de la Nación y en las cajas de las empresas privadas. "Más allá de generar una mejor situación para los trabajadores, debe pensarse que esto solo será posible en la medida en que el régimen que se establezca sea sustentable".
Nada se gana con un sistema que en la ley reporte mucho ingreso al trabajador, sin que este tenga una garantía de que ese pago podrá ser honrado a tiempo y en efectivo.
En general, el miembro de la Comisión Presidencia, Francisco Torrealba, señaló que los temas se abordan "con la mayor seriedad" para que no vaya a surtir ningún efecto o impacto negativo en las empresas de bienes y servicios, sean públicas o privadas.
El "robo"El economista Obuchi señala que el cambio de régimen efectuado en 1997, durante la administración Caldera, benefició a más trabajadores. El sistema retroactivo tenía entre sus efectos negativos "el congelamiento de los salarios".
Dice que tras analizar la permanencia laboral e inflación, el cambio en el sistema "benefició a un grupo mayor de empleados del que salía favorecido frente al anterior". Recuerda que los empleados del sector privado, -que representan 66% del empleo formal-, "ganaron con la reforma", mientras que los empleados del sector público con permanencia promedio de 10 años, y que representan 33% del empleo formal, "perdieron con la reforma".
De esta manera "como política pública el cambio fue acertado, pues se favoreció a un número mayor de empleados del que se beneficiaba con el sistema anterior, a la vez que se generaron condiciones optimas para el aumento de beneficios con impacto salarial y desarrollo de la industria en general".
Posibilidad de prever los pasivosEntre las bondades del sistema actual y que lo hacen sustentable, Obuchi destaca que en el régimen de prestaciones vigente permite que el monto del pasivo sea conocido. Mientras que las ideas que hablan de retroactividad o calculo, según el último salario, hacen que el pago sea "impredecible".
Esa falta de certeza para planificar las cuentas es, a su juicio, complicado en un país que ha tenido tasas de inflación elevadas y donde los salarios se ajustan, relativamente, en función de este indicador.
La aplicación de la retroactividad genera una obligación que se hace difícil de calcular. En el caso del sector público se trata de una masa de trabajadores importante que tienden a permanecer mucho tiempo en un puesto de trabajo, dado que la actividad económica es menos cíclica.
"Mientras más tiempo tenga un trabajador, mayor la obligación que se genera, y que además se desconoce", dice Obuchi.
Más pasivos y deuda públicaEn los escenarios donde se incorpora el cálculo retroactivo al último salario por toda la antigüedad, la deuda en el sector público podría representar en seis años, según los cálculos de Obuchi, un monto superior al aportado por Pdvsa al fisco en 2011, que fue 7% del Producto Interno Bruto.
En el sector privado el impacto también sería duro. La diferencia que señala el economista es que como la antigüedad del trabajador es menor, y estos esquemas impactan más cuando hay mayor permanencia en un cargo, pues sería menos fuerte. "Puede generar problemas en la contratación y aumentos de sueldo. Aunque también hay una parte importante que no está amparada y está en la economía informal".
Al final una modificación del régimen de prestaciones sociales generará cambios en los incentivos al trabajador. "En un ambiente donde ya hay incertidumbre, se va agregar otra, como lo es cuánto va a costar al final el trabajador, esto hará difícil planificar y predecir. El empleador individual no puede controlar ni la inflación, ni lo que ocurre en el país".
Para Obuchi una opción que tendría impacto, no perverso, sería aumentar más días al sistema actual. El problema se presenta con la retroactividad que hace incalculable el pasivo.
Jornada atada a las prestaciones El impacto que pueda tener una reducción de la jornada laboral, para el economista, está atado al régimen de prestaciones que se establezca.
Si la jornada de un trabajador se reduce en 10 horas mensuales, eso representa un trabajador menos. El cambio en la jornada no puede ser independiente del régimen de prestaciones.
Obuchi asegura que lo que beneficia a los trabajadores es que haya más empleos, más fuentes de trabajo, y considera que eso depende más de las condiciones de inversión que de una ley. Dice que al final lo que más castiga el salario es la inflación.
Los aumentos no mejoran el poder adquisitivo, sino que compensan los efectos inflacionarios.
